Protocolo eléctrico

El Protocolo para el Establecimiento de una Nueva Regulación del Sistema Eléctrico Nacional de diciembre de 1996, suscrito por el Ministerio de Industria y Energía y las empresas eléctricas, es uno de los referentes básicos de la Ley del Sector Eléctrico de noviembre de 1997, es decir, de la norma que recoge los fundamentos del nuevo sistema eléctrico español.

El objetivo del Protocolo es establecer las bases operativas del Nuevo Sistema Eléctrico; definir los plazos, medidas y salvaguardias que deberán ser puestos en práctica durante el período transitorio hasta alcanzar los objetivos en materia de liberalización y competencia del mercado eléctrico; establecer los criterios en los que han de basarse la estructura y el funcionamiento de dicho sistema, garantizando la competencia entre las empresas que lo integran y la competitividad de las mismas; sentar las bases para la retribución de las actividades que se realizarán en régimen de monopolio natural; y promover una nueva regulación que contemple adecuadamente los intereses de consumidores, trabajadores y accionistas.

El Protocolo refleja asimismo el compromiso que las empresas eléctricas firmantes están dispuestas a asumir como participación en el esfuerzo colectivo que están realizando los agentes económicos para conseguir los objetivos planteados en relación con la Unión Monetaria Europea. Una parte importante de ese compromiso es la aportación que las empresas eléctricas que integran UNESA realizarán como contribución a la competitividad de la economía española a través de la reducción de la tarifa eléctrica.

Los firmantes del Protocolo asumen que la posición del Consejo de Ministros de la Unión Europea sobre el proyecto de Directiva sobre Normas Comunes para el Mercado Interior de la Electricidad, de 25 de julio de 1996 -- Directiva que fue finalmente aprobada en diciembre de ese mismo año --, constituye un elemento básico de referencia en relación con el establecimiento del nuevo sistema eléctrico.